Agbar ha organizado, junto con la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (RACEF), el acto de presentación del informe “El agua en el mundo – El mundo del agua (El agua en un mundo global y bajo el cambio climático)”, de Jaime Lamo de Espinosa, exministro de Agricultura y académico de número de la RACEF.
El acto contó con la presencia del presidente ejecutivo de Agbar, Angel Simón, quien destacó que “este trabajo es una muestra del compromiso de las dos organizaciones con las distintas instituciones, el conocimiento y la cultura, así como con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por Naciones Unidas, cuya consecución debe basarse en la colaboración público-privada”.
Por su parte, Jaime Lamo de Espinosa reclamó un pacto de Estado sobre el agua al margen de cuestiones políticas y territoriales, que recupere el plan de conexión de cuencas para equilibrar la distribución de los recursos hídricos bajo un criterio estrictamente técnico en unos momentos en los que el cambio climático exige una intervención urgente.
“Hoy resulta evidente que España necesita un gran pacto de Estado sobre el agua que conduzca a un plan nacional de cuencas hidrográficas y, en base a ello, a otro plan nacional de regadíos. Y todo ello, con la perspectiva de varias legislaturas, que saque del debate político estos temas tan esenciales para la vida económica y social de España”, asegura Lamo de Espinosa en su informe.
“España no es un país seco en cuanto a su nivel de precipitaciones y aguas subterráneas, sino que lo es en cuanto a su caprichosa distribución. El problema podría darse si no dispusiéramos de agua, pero no es el caso. Para una población de algo más de 44 millones de habitantes, la escorrentía anual de nuestro país arroja una dotación de unos 2.500 m3/habitante y año, una cifra que podemos comparar con los 1.000 m3 que definen un índice pleno de desarrollo, incluyendo en los mismos las necesidades agrícolas e industriales. Hay agua, incluidas las aguas subterráneas. Tal vez no hayamos sabido distribuirla. Estamos ante un problema de gobernanza del agua”, argumenta el académico.
En su informe, Lamo de Espinosa insta a las diferentes administraciones y a la comunidad científica a reflexionar sobre la conveniencia de conectar las cuencas con excedentes (Norte, Duero, Tajo y Ebro) con las que presentan escasez (Pirineo Oriental, Júcar, Segura, Guadalquivir y Sur), así como a la conexión entre Duero y Tajo y entre Tajo y Guadiana. Asimismo, reclama un incremento sustancial de la inversión del Estado en infraestructuras hídricas.
“Nuestro estrés hídrico exige una mayor eficiencia en el uso del recurso, una mayor dotación de embalses, más inversiones en mantenimiento y la eliminación de pérdidas en las redes de abastecimiento. Sin embargo, España sólo invierte en infraestructuras del agua un 0,11 % de su PIB, mientras que Francia, Italia, Alemania o Reino Unido, que no sufren tanto la aridez y el estrés como España, duplican ese porcentaje, con un 0,25 % de su PIB.”
El acto, que tuvo lugar en la sede de Foment del Treball en Barcelona, también contó con la participación de Jaime Gil Aluja, presidente de la RACEF, y de los académicos Francesc Granell y Ramón Tamames. Estos últimos resaltaron que los populismos que se están poniendo “de moda” en España ponen en riesgo un modelo que funciona con criterios de eficacia y eficiencia, y consideraron la necesidad de la existencia de un regulador del agua único e independiente en España, como ya tienen otros países, como es el caso de Portugal.
El acto contó con la presencia del presidente ejecutivo de Agbar, Angel Simón, quien destacó que “este trabajo es una muestra del compromiso de las dos organizaciones con las distintas instituciones, el conocimiento y la cultura, así como con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por Naciones Unidas, cuya consecución debe basarse en la colaboración público-privada”.
Por su parte, Jaime Lamo de Espinosa reclamó un pacto de Estado sobre el agua al margen de cuestiones políticas y territoriales, que recupere el plan de conexión de cuencas para equilibrar la distribución de los recursos hídricos bajo un criterio estrictamente técnico en unos momentos en los que el cambio climático exige una intervención urgente.
“Hoy resulta evidente que España necesita un gran pacto de Estado sobre el agua que conduzca a un plan nacional de cuencas hidrográficas y, en base a ello, a otro plan nacional de regadíos. Y todo ello, con la perspectiva de varias legislaturas, que saque del debate político estos temas tan esenciales para la vida económica y social de España”, asegura Lamo de Espinosa en su informe.
“España no es un país seco en cuanto a su nivel de precipitaciones y aguas subterráneas, sino que lo es en cuanto a su caprichosa distribución. El problema podría darse si no dispusiéramos de agua, pero no es el caso. Para una población de algo más de 44 millones de habitantes, la escorrentía anual de nuestro país arroja una dotación de unos 2.500 m3/habitante y año, una cifra que podemos comparar con los 1.000 m3 que definen un índice pleno de desarrollo, incluyendo en los mismos las necesidades agrícolas e industriales. Hay agua, incluidas las aguas subterráneas. Tal vez no hayamos sabido distribuirla. Estamos ante un problema de gobernanza del agua”, argumenta el académico.
En su informe, Lamo de Espinosa insta a las diferentes administraciones y a la comunidad científica a reflexionar sobre la conveniencia de conectar las cuencas con excedentes (Norte, Duero, Tajo y Ebro) con las que presentan escasez (Pirineo Oriental, Júcar, Segura, Guadalquivir y Sur), así como a la conexión entre Duero y Tajo y entre Tajo y Guadiana. Asimismo, reclama un incremento sustancial de la inversión del Estado en infraestructuras hídricas.
“Nuestro estrés hídrico exige una mayor eficiencia en el uso del recurso, una mayor dotación de embalses, más inversiones en mantenimiento y la eliminación de pérdidas en las redes de abastecimiento. Sin embargo, España sólo invierte en infraestructuras del agua un 0,11 % de su PIB, mientras que Francia, Italia, Alemania o Reino Unido, que no sufren tanto la aridez y el estrés como España, duplican ese porcentaje, con un 0,25 % de su PIB.”
El acto, que tuvo lugar en la sede de Foment del Treball en Barcelona, también contó con la participación de Jaime Gil Aluja, presidente de la RACEF, y de los académicos Francesc Granell y Ramón Tamames. Estos últimos resaltaron que los populismos que se están poniendo “de moda” en España ponen en riesgo un modelo que funciona con criterios de eficacia y eficiencia, y consideraron la necesidad de la existencia de un regulador del agua único e independiente en España, como ya tienen otros países, como es el caso de Portugal.